Groenlandia no se compra, se negocia: las claves del nuevo acuerdo con Estados Unidos

El renovado interés de Estados Unidos por Groenlandia ha vuelto a ocupar las portadas de todos los medios internacionales. El anuncio de un nuevo acuerdo de seguridad trilateral entre Washington, Copenhague y el gobierno autónomo de Nuuk ha sorprendido al mundo. Las pretensiones de adquisición o control unilateral sobre la isla tropezaban con infranqueables barreras constitucionales, el estatuto de autonomía groenlandés y los compromisos en el seno de la OTAN.

Lejos de una anexión o compra directa, la Casa Blanca ha tenido que dirigir sus exigencias de seguridad a través de la vía diplomática multilateral, respetando la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Sin embargo, tras los titulares triunfalistas se esconde un complejo tablero de narrativas políticas, cautelas jurídicas y pugnas geoeconómicas por el control del Ártico.

Triunfo retórico vs. pragmatismo

A un lado del Atlántico, Donald Trump presentó el preacuerdo en sus canales oficiales con un marcado tono eufórico, celebrando haber asegurado un “control permanente sobre la seguridad” de la isla, además de un marco de cooperación indefinido útil para la agenda política interna de cara a las elecciones de medio mandato.

Al otro lado, la respuesta de Copenhague y Nuuk destacó por un calculado pragmatismo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, restó dramatismo al choque institucional en sus intervenciones públicas, recordando la solidez de las relaciones bilaterales con Washington y encuadrando el movimiento dentro del marco de cooperación preexistente en la OTAN (heredero del tratado de defensa de 1951, actualizado en 2004).

Por su parte, la reacción en la capital groenlandesa ha sido de prudente tranquilidad. Como ha señalado el líder político groenlandés Erik Jensen en declaraciones al medio local Sermitsiaq, existe confianza en que el contenido del pacto salvaguarda los intereses de la isla. Dinamarca y Groenlandia parecen haber adoptado la estrategia de permitir que Washington disfrute del titular político a cambio de preservar intactas las líneas rojas fundamentales: la soberanía del Reino y la autonomía de Nuuk.

La prudencia jurídica

A pesar del impacto mediático del anuncio, la cautela analítica resulta indispensable. A día de hoy, el texto definitivo del acuerdo no es público. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, han viajado a Nueva York para rubricar en los márgenes de la Asamblea General de la ONU el nuevo pacto de seguridad junto a Estados Unidos. Sin embargo, esta escenografía política no equivale a un hecho consumado ni concede fuerza legal inmediata al documento.

Para que medidas tan relevantes como el derecho de veto estadounidense sobre inversiones extranjeras o el despliegue de nuevas instalaciones militares entren en vigor de forma efectiva e indefinida, el tratado debe superar un itinerario obligatorio de varios pasos.

El proceso arranca con la firma del texto oficial por EE. UU., Dinamarca y Groenlandia en la sede de la ONU, aunque esta no concede validez jurídica inmediata. Para entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por los parlamentos danés y groenlandés y el Senado estadounidense, culminando con la notificación diplomática cruzada de su aprobación.

Será en las votaciones de los parlamentos donde surjan las verdaderas discusiones sobre la letra pequeña. Los políticos daneses y groenlandeses revisarán con mucho detalle si los permisos militares o el control de obras que pide EE. UU. le quitan poder de decisión a Groenlandia o si solo sirven para reforzar la seguridad en la zona. Hasta que los tres parlamentos no aprueben el texto, las nuevas normas no se podrán aplicar.

Tierras raras y veto en las rutas árticas

Más allá de la narrativa militar, la verdadera clave del acuerdo es geoeconómica. Groenlandia alberga una de las mayores reservas no explotadas de tierras raras del planeta, minerales indispensables para la transición energética, la industria de la aviación y la tecnología de defensa.

El acuerdo pretende articular un mecanismo de veto de facto para frenar el desembarco de capitales estatales considerados “no deseados”, con la mira puesta en China y Rusia, en la minería estratégica y en las infraestructuras de transporte de la isla.

A esto hay que añadir el papel de las nuevas rutas por el mar. Como el hielo del Ártico se está derritiendo, países como China o Corea del Sur ya utilizan estas vías marítimas para transportar mercancías durante varios meses al año. Al evitar que países como China o Rusia inviertan o pongan bases militares en Groenlandia, Estados Unidos y sus aliados se aseguran de controlar el paso entre el Ártico y el Atlántico, impidiendo que el comercio de sus rivales se convierta en un dominio militar permanente.

El encaje en la estrategia de seguridad de la UE

Este movimiento transatlántico conecta de lleno con las prioridades de la Unión Europea que ha anunciado que publicará su renovada política para el Ártico el próximo 20 de octubre. En el discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre de 2026, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, situó formalmente a Rusia como la amenaza estructural prioritaria a la que dar continuidad en la estrategia de seguridad europea, al tiempo que urgió a acelerar la independencia del bloque en materias primas críticas.

El acuerdo sobre Groenlandia ayuda a que la Unión Europea y Estados Unidos dejen de discutir por el control del Ártico y trabajen juntos en el norte. Para Europa, que necesita comprar fuera casi toda la energía y los minerales que consume, este pacto trae dos grandes ventajas: refuerza la seguridad militar frente a las amenazas de Rusia y garantiza que los minerales clave para el futuro se queden en manos de países aliados.

El tiempo y el debate en los parlamentos dirán si el pacto es una solución equilibrada para la seguridad global o si la letra pequeña esconde fricciones de soberanía. Por el momento, el episodio demuestra que en el tablero ártico del siglo XXI la diplomacia de las alianzas y el control de los recursos valen mucho más que la retórica de la anexión.

Ana Belén López Tárraga no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.