Explosión de San Cristóbal: Absuelven a Vidal Plast; Víctimas Demandan al Estado por RD$3,800 Millones

La búsqueda de justicia por la trágica explosión del 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal, República Dominicana, ha tomado un rumbo definitivo. Un tribunal unipersonal, presidido por la jueza Wilma Cuello, declaró la absolución total de la familia propietaria de Vidal Plast SRL, señalada inicialmente por el Ministerio Público como responsable del siniestro que dejó al menos 38 fallecidos y decenas de heridos. Esta decisión judicial, que exime a la empresa de cargos penales y responsabilidad civil, ha impulsado a las víctimas a demandar al Estado dominicano, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ayuntamiento de San Cristóbal ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por una indemnización que asciende a RD$3,800 millones. Este giro, confirmado por fuentes fiables y de alta veracidad, redefine el proceso legal que la sociedad dominicana y la diáspora siguen de cerca.

Según el dictamen del tribunal, no se encontraron méritos suficientes para la imputación de homicidio involuntario contra Edward Armando Vidal Garrido, su esposa Maribel Sandoval Almánzar, su hija Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y la entidad Vidal Plast SRL, quienes eran acusados de “torpeza”, “imprudencia” e “inobservancia” de reglamentos. El abogado Teobaldo Durán, representante legal de Vidal Plast, confirmó que los familiares de las víctimas desistieron de perseguir a la empresa por daños y perjuicios, optando por dirigir sus reclamaciones hacia las instancias gubernamentales. Esta determinación resalta la confianza de los afectados en la vía alternativa y su convicción de que la responsabilidad recae en otros actores. La lectura íntegra de esta sentencia, clave para el precedente legal dominicano, está programada para el 7 de septiembre.

El abogado Roberto Faxas, quien representa a una parte significativa de los afectados por la tragedia de San Cristóbal, ha confirmado que la demanda se enfoca ahora en las alegadas negligencias del Estado dominicano, el MOPC y el Ayuntamiento de San Cristóbal. La cifra solicitada, de 3,800 millones de pesos, busca compensar las 38 muertes identificadas, las 12 personas desaparecidas (cuyos cuerpos fueron declarados jurídicamente fallecidos por el Congreso Nacional) y las secuelas permanentes de los heridos. Faxas sostiene que la explosión no se originó en Vidal Plast, presentando videos y fotografías que, según sus afirmaciones, ubican el epicentro en la calle Padre Ayala, "frente a la tienda Toledo", en el antiguo mercadito. Este punto es crucial, ya que el lugar señalado es un parqueo cuya construcción fue licitada por el MOPC y es propiedad del Ayuntamiento, sugiriendo una cadena de responsabilidades públicas desde la expedición de permisos hasta la supervisión de seguridad en la zona afectada de la República Dominicana.

Este litigio pone de manifiesto los desafíos en la regulación y supervisión de actividades urbanísticas y comerciales en zonas densamente pobladas. La demanda contra el MOPC y el Ayuntamiento implica una evaluación de su diligencia en la inspección de infraestructuras y el cumplimiento de códigos de construcción. El caso trasciende la responsabilidad empresarial para cuestionar la eficacia de las instituciones públicas en salvaguardar la seguridad ciudadana y el ordenamiento territorial. La sociedad dominicana y su diáspora observan este proceso judicial, que podría sentar un precedente significativo en la rendición de cuentas para desastres masivos en la nación, redefiniendo la aplicación de la ley y la responsabilidad institucional en el país.