Más allá del coste económico: por qué las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura nos benefician a todos

El debate en torno a la inversión económica que requieren los proyectos de exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura no debería centrarse en el cálculo del coste por cada víctima identificada, pues con ello se confunde coste y valor.

Desde la perspectiva de la ciencia social, es esencial que, al valorar su relación coste/beneficio, aprendamos a observar sus efectos en términos de convivencia social. Ello aun cuando no se logre la identificación por ADN de los restos, ya que han pasado más de 90 años desde el golpe de Estado que provocó la Guerra Civil.

“Pérdida ambigua”, el trauma del cuerpo ausente

Cuando una persona desaparece en un contexto de violencia política y su cuerpo nunca es encontrado, sus seres queridos pueden transitar lo que en psicología se denomina “pérdida ambigua”. Un duelo que no puede cerrarse porque falta el principal elemento que cualquier cultura necesita para procesar una muerte: el cuerpo.

Un estudio de 2021 con familiares de personas desaparecidas en el sur de Sri Lanka lo resume así: la ambigüedad no resuelta actúa como barrera para adaptarse al duelo y se asocia con síntomas depresivos y con conflictos relacionales sostenidos en el tiempo.

El patrón se repite en contextos muy distintos. La ausencia del cuerpo no es un trámite pendiente, es un segundo daño añadido al trauma primigenio (el causado por la muerte del ser querido), que se mantiene de forma indefinida, afectando incluso a las siguientes generaciones.

En la región de Somalilandia, un estudio con 74 familiares de víctimas de la dictadura de Siad Barre encontró que las exhumaciones ayudan a combatir la pérdida ambigua y permiten un entierro culturalmente apropiado aun en ausencia de procesos judiciales. Buscar los restos de los desparecidos no puede devolverle la vida a los asesinados, pero sí dar paz a sus familias.

Más allá del núcleo familiar directo de las víctimas, el efecto social está menos estudiado, pero tiene mayor visibilidad. En Guatemala, donde el conflicto armado dejó más de 200 000 muertos o desaparecidos, la Fundación de Antropología Forense documentó cómo el propio acto de exhumación transforma las fosas en lugares de memoria e identidad, y redignifica a comunidades –mayoritariamente mayas–, que el Estado había etiquetado como “vidas desnudas” para justificar su exterminio.

España no es diferente

A este respecto, por mucho que se empeñara en lo contrario la maquinaria de comunicación franquista, “Spain is not diferent”, y nunca lo ha sido.

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Un estudio, publicado en 2025 en International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, centrado en España, documenta que los emplazamientos de exhumación abiertos han creado espacios donde familias, arqueólogos y comunidades locales colaboran. Esa colaboración fomenta la revisión de la memoria colectiva y el reconocimiento público de las injusticias del pasado, generando un efecto que no queda confinado al círculo familiar.

Otro estudio etnográfico con familiares de desaparecidos realizado por la AMEDE (Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando, Cádiz) identificó tres parejas de emociones dominantes durante el proceso de exhumación: pena y dolor, orgullo y coraje, indignación y solidaridad. Concluyó que, a través de la exhumación, las familias buscan dignificar la memoria de los desaparecidos y reclaman el pago de una deuda social contraída durante el golpe de Estado y la dictadura.

Relación de la sociedad con las familias de las víctimas

Hay al menos dos formas de entender la relación entre las familias de las víctimas y el resto de la sociedad. La primera concibe a la sociedad actual como protectora (quien gasta) en atención de una familia que sufre “pena y dolor”. Es la lógica que evalúa estos procesos en términos de coste/beneficio, la misma que reduce la identificación de una víctima al porcentaje del coste que le corresponde.

La segunda concibe a la sociedad como deudora. Responsable de su propia historia, está obligada moral y legalmente a asumir el coste de las exhumaciones porque así lo exige la deuda contraída con esas familias, a quienes hemos de devolver su “orgullo” y reconocer “su coraje”.

Ambos modelos, sin embargo, mantienen una separación entre “la sociedad” y “la familia” que tal vez no sea más que un artificio. ¿Acaso esas familias no son parte de la sociedad? ¿Acaso la sociedad no es, al menos de un modo conceptual, una familia más grande?

¿Es que esos muertos no son nuestros? ¿No debería sentirse indignada y solidaria la sociedad entera? Los asesinados eran tan españoles como quienes los asesinaron y tan españoles como lo somos quienes nacimos después. La deuda, entonces, no es de una sociedad abstracta hacia una serie familias concretas, sino de una sociedad concreta, la nuestra, que ha de indignarse y solidarizarse junto a cada familia y, a la vez, consigo misma.

Actuar desde la ‘comunitas’ para sanar la democracia

En esta lógica suprafamiliar, comprometerse a sanar (o al menos a dejar de dañar) a estas familias es, al mismo tiempo, contribuir a sanar (o al menos a dejar de dañar) a nuestra sociedad (en abstracto) y nuestra democracia (en concreto).

Existe un nosotros (al que la antropología cultural llama “comunitas”) del que todos formamos parte como miembros de una misma especie, de un mismo país, de una misma comunidad, de una misma familia, etc.

La represión desagregó a sus víctimas de todos esos colectivos: les negó su libertad, su nacionalidad, su humanidad y, finalmente, su vida. Con cada exhumación de una víctima de la Guerra Civil y la dictadura en nuestro país una familia recupera a un familiar, España recupera a un español y la humanidad entera recupera a un ser humano. La familia aprehende esos huesos; la sociedad aprende de ellos.

Sólo tengo constancia de dos estudios sociológicos válidos y fiables en los que se haya preguntado a la población española en su conjunto sobre su opinión al respecto de las exhumaciones de víctimas del franquismo: el estudio número 2 760 del CIS (2008) y la encuesta realizada por SocioMétrica para el diario El Español en torno al 20-N de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco.

En la encuesta del CIS, el 64,1 % de los encuestados se mostró a favor de los trabajos de identificación de las víctimas. En el estudio de 2025, esa cifra subió a un 68,2 % de la población favorable a la “exhumación de fosas y recuperación de cadáveres”.

El Español compartió unos días después los microdatos de ese estudio. En ellos se desagregan los resultados en función del partido político al que habían votado los encuestados. Los resultados evidenciaron una clara inclinación general a favor de estos procesos, incluyendo a los votantes del PP.

Sin embargo, el titular que todos recordaremos de aquel 50 aniversario de la muerte del dictador fue: “El 36 % de los españoles, a favor de lo que supuso Franco para España y el 56 % en contra; con empate entre los jóvenes”.

Desconexión moral

La psicología advierte sobre mecanismos de desconexión moral, como minimizar las consecuencias de la guerra y la dictadura y difuminar la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos, ente otros. Estos procesos no son exclusivos de quienes ejercen la violencia en el momento en que ocurre. Son, también, las herramientas psicológicas con las que las generaciones posteriores se distancian, reescriben, moderan o directamente invierten el juicio moral sobre esa violencia con el paso del tiempo.

Frente a este proceso de erosión de la historia, la exhumación de víctimas cumple una función que ninguna otra medida de memoria democrática puede sustituir: hace literalmente imposible el negacionismo frente a la presencia material del cuerpo de otro ser humano.

Nuestro cerebro puede cuestionarse de forma abstracta si “hubo cosas buenas y cosas malas” en la dictadura, pero resulta mucho más difícil a nivel cognitivo sostener ese relato como justificación de la violencia cuando se está ante la evidencia física de un cráneo humano con el orificio de un disparo en la nuca. En esa escena vemos los restos mortales de una persona, con un nombre y una familia que ha seguido buscándole y que reivindica su derecho a despedirse de sus restos.

El “giro forense” de la memoria

La literatura científica acerca del “giro forense” que encontramos en los estudios de memoria sobre el caso español documenta precisamente esto: el hueso no es solo prueba científica. Es un espejo que devuelve concreción e irrefutabilidad a un pasado que el debate político puede, de otro modo, seguir discutiendo indefinidamente en términos abstractos y, por tanto, manipulables.

Desde esta perspectiva (la social/comunitaria), cada exhumación no es solo un acto de reparación y justicia hacia una familia concreta, aunque lo sea en primer lugar y por encima de todo. Es también, para el comunitas de una sociedad concreta, la nuestra, una forma de prevenir el autoritarismo. También representa un recordatorio material, verificable y difícil de negar de las consecuencias últimas de la deshumanización del diferente.

No se puede valorar una medida de reparación moral sin comprender antes el daño que repara. En el modelo clásico de duelo de Kübler-Ross, la negación es la primera de cinco fases. En el más evidenciado enfoque del psicólogo William Worden, aceptar la realidad de la pérdida es la primera de cuatro tareas que deben realizarse para poder progresar. Para ambas teorías, las personas que transitan un duelo no puede avanzar mientras no reconozcan y tomen plena conciencia de lo que han perdido. Las sociedades, sospecho, tampoco.

Miguel Ángel Estévez Paz colabora en proyectos de investigación y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política en Colombia y España financiados por diferentes entidades públicas.

Declara su implicación personal en la temática como nieto y sobrino nieto de represaliados que fueron encarcelados durante la dictadura en España cuya historia sigue aún tratando de esclarecer y documentar.